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No sé si yo me los tomo muy en serio, pero creo que lo que digan o no digan los medios de comunicación le da forma, y por mucho, a lo que la gente piensa y a las soluciones de los problemas. Por eso, después de creer que ya es demasiado chafa lo que hacen algunos periódicos locales, desde cómo redactan hasta qué es lo que dicen, decidí enviar una carta al editor de noticias regionales de Frontera, carta que todavía no recibe respuesta.

Mi redacción tiene un ligero olor a burocracia, por decir lo menos, pero la idea allí está:

Recientemente han ocurrido muchos sucesos lamentables de violencia, corrupción e indolencia de las autoridades en la región que la sociedad condena. Sin embargo, dos de esos hechos ejemplifican por mucho lo que está pasando con nuestro país, y con Tijuana en particular, que está resultando en un empeoramiento de la situación de seguridad y aplicación de la ley.

En la última semana Frontera ha cubierto dos hechos sumamente desconsoladores. El pasado 6 de enero tres jóvenes, menores de edad, fueron asesinados al salir de su escuela en Tijuana, sus apellidos no fueron dados a conocer; el 4 de este mes fue asesinado, en una forma similar, otro menor de edad, pero cuyo nombre completo conocemos: José Fernando Labastida Fimbres, miembro de una de las familias más ricas de la región. Ambos son crímenes lamentables que generan un dolor inconmensurable en todas las familias víctimas e impotencia en los ciudadanos, cuanto más que los responsables no han sido identificados y detenidos.

He decidido enviar esta carta apelando a su honestidad porque creo que tengo derecho a que mi opinión, como la de cualquier ciudadano, como la de los miembros de la COPARMEX y la CANACO sea conocida, y a que mi punto de vista contribuya a la discusión de nuestros problemas. Me llena de indignación el tratamiento que le dan a sus noticias de violencia en la región, ejemplificado con estos dos hechos que he descrito.

En el primer caso Frontera y Anankrystel Gómez, la reportera que firma la nota, decidieron no dar a conocer o no investigar los nombres completos de los estudiantes asesinados, pero sí, que de acuerdo con las autoridades, uno de ellos estaba vinculado al crimen organizado, según su edición del día 7 de enero en la página 20-A. En el segundo caso Frontera no solamente publicó el nombre completo de la víctima, sino que dedicó una pequeña reseña a la familia firmado todo por la Redacción y, citando fuentes oficiales, se dijo que el joven murió como consecuencia de un connato de robo de auto. ¿Por qué ese trato diferenciado? ¿Por qué Frontera se apresura a publicar las razones de los asesinatos aún cuando se supone que éstas se conocen después de complejas investigaciones? Hay una respuesta obvia, que creo que muchas personas asentirían: las familias. Por un lado, hay tres familias anónimas, por el otro, una familia con una historia en la región y gran implicación con causas notables. Pero no creo que la respuesta se quede allí, y creo que esta forma de tratar dos hechos similares en su periódico es el reflejo de problemas más graves en nuestra sociedad.

En Tijuana no solamente corremos el peligro de morir asesinados impune y anónimamente, sino de ser tachados de delincuentes después de muertos. Con notas como las que cito y muchas otras que ha publicado Frontera se crea el sentimiento de que para que el delito sea plenamente condenado, investigado y castigado, no basta ser una persona común, un ciudadano, sino que es necesario ser un empresario, un político o uno de sus parientes. Todos los crímenes son hechos condenables, de todos debemos lamentarnos, todos merecemos que la justicia se ejerza imparcialmente en todo momento. Y el problema no es solamente hacer diferencias, que rayan en la discriminación, entre los ciudadanos anónimos y los menos anónimos, el problema de fondo es participar de una legitimación de la violencia y la criminalidad.

Cuando Frontera y los demás medios se apresuran a revelar las causas de algunos asesinatos, citando que de acuerdo con las autoridades las victimas pertenecían a tal o cual célula criminal o tenían antecedentes penales, pretenden dar un alivio a la preocupación de los lectores, siguiendo el discurso oficial que establece que "esta es una guerra entre el crimen organizado y el gobierno"; pero también pretenden que se justifique la violencia que se cree circunscrita a criminales y que el ejercicio de la justicia sea laxo y lento porque finalmente, ante la sociedad, los medios, constituidos en ministerio público, nos han dado una razón de esos crímenes, razón que además busca regresarnos la tranquilidad. Pero ¿realmente se ejerció la justicia? ¿Realmente el Estado cumplió con una de sus funciones principales, que es la de otorgar seguridad e impedir el ejercicio privado de la violencia? La respuesta a ambas preguntas es no, y mientras siga siendo no, la violencia que tanto nos atormenta como sociedad seguirá existiendo.

No podemos permitir como ciudadanos que las autoridades se limiten a declarar que los crímenes están vinculados al crimen organizado y que sus investigaciones jamás den resultados concretos reflejados en una reducción de la violencia y los crímenes. Si Frontera, junto con otros medios, se dedica a repetir acríticamente su discurso están alimentando y legitimando el ejercicio de la violencia y la irresponsabilidad de las autoridades. Mientras como sociedad sigamos "tranquilos" porque los asesinatos "ocurren entre ellos" jamás comenzaremos a debatir con seriedad y esperanzas de encontrar una solución nuestros problemas de seguridad, y sí los veremos extenderse a muchos dominios de nuestra vida.

El asesinato de un supuesto narcotraficante debería llevarnos a preguntarnos qué estamos haciendo mal como sociedad y cómo le exigimos al gobierno. No podemos permitir que el ejercicio de la violencia caiga en manos privadas, aunque sea, como justifican algunos, para destruir a otros criminales. La violencia difícilmente se acabará con más violencia, solamente con el ejercicio imparcial, responsable y transparente de la justicia se podrá solucionar ese grave problema de México.

Finalmente, en lugar de tranquilizarnos porque los asesinatos "ocurren entre criminales", como dicen el gobierno y el mainstream de los medios de comunicación, cada vez que leemos o escuchamos de estos hechos deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo para que México sea un país menos corrupto, deberíamos preguntarnos si nuestra sociedad recompensa a los honestos y trabajadores, si hemos sido capaces, como país, de ofrecerle un lugar a cada mexicano en la educación, el trabajo y la economía formal. Deberíamos vernos en un espejo, y dejar de voltear a la ventana para condenar lo externo, lo raro, lo inexplicable, para ser capaces de determinar si no estamos fomentando la violencia desde nosotros mismos.


No es que mi objetivo sea cambiar su trabajo, sólo quería poner sobre la mesa algo que parece ignorado.