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Calderón había dado a entender, incluso, casi casi lo dijo, que a Cassez la mandarían a Francia, donde seguramente sería liberada o donde su condena sería reducida.  Para disimular el asunto se recurriría a un grupo de trabajo que se basaría en el tratado de Estrasburgo para darle legalidad a la transferencia. En ese momento dije que el gobierno mexicano, a fin de cuentas, terminaría aceptando la transferencia, después de alargados procesos de negociación, lo que calificaba como una pésima decisión.

El caso es que ahora resulta que la impunidad no existe en México, y que no hay garantías de que Cassez purgará debidamente su condena en Francia. ¿Por qué ahora dice eso? ¿por qué ese argumento viene ahora y no antes? La respuesta la encontró el abogado de Cassez: las elecciones del 5 de julio. Es difícil no estar de acuerdo. La única credencial de legitimación de Calderón durante su presidencia ha sido la "lucha contra el crimen organizado", y es esa la única bandera de campaña del PAN. Una transferencia de esas, como dije, lo único que lograría sería el descrédito del gobierno y del partido.

Probablemente todo estaba planeado desde el principio con un cuidado maquiavélico. Darle largas al asunto traería al menos dos beneficios: acercaría la decisión final, ya tomada desde entonces por el gobierno mexicano,  al día de las elecciones y conservaría la imagen de México como país respetuoso del derecho internacional (aunque esto último parece que se está logrando con puras patadas de ahogado).